Santos en la lucha por la institucionalidad en Colombia

PorLorena Arraiz Rodríguez

Santos en la lucha por la institucionalidad en Colombia

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Presidente Juan Manuel Santos

Un Tribunal de Aforados que tomaría el lugar de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y un nuevo modelo de administración que sustituya el Consejo Superior de la Judicatura, son algunas de las decisiones que están tomando el Presidente colombiano luego del escándalo de la Corte Constitucional.

Otro escándalo de corrupción que vincula a la Petrolera estatal con personeros del Gobierno se destapa en Latinoamérica, al mismo tiempo que el caso de Petrobras y Dilma Rousseff. En esta oportunidad se trata de una denuncia que hiciera el magistrado Mauricio González Cuervo señalando al entonces magistrado Jorge Pretelt quien habría pedido $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela.

Este asunto ha desatado una peligrosa ola de rumores y puede conducir a una desafección política por corrupción, tal como ha ocurrido en Brasil o en España. Pero el Gobierno Nacional, específicamente el propio Presidente Juan Manuel Santos, ha picado adelante ofreciendo una Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes que ya está en consideración del Congreso y que busca, como su nombre lo indica, romper con la politización de la justicia en el país.

Santos anunció que expedirá un decreto con el fin de dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de magistrados, con participación de la sociedad civil. Así se buscaría que “la meritocracia sea el procedimiento para seleccionar a los magistrados, y que sean las propias Cortes quienes los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas”.

Para concretar el punto de la meritocracia al momento de las designaciones, Santos anunció también que a partir de esa reforma, los magistrados necesitarán demostrar una experiencia profesional de más de 20 años para ser elegido magistrado. Pero entre las decisiones más destacadas se encuentra la expedición de un “proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados cuando se encuentren en una situación patente de indignidad”.

Así mismo, Santos indicó que además de la reforma, se busca reemplazar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados” que no será un tribunal que solo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación”, aseguró.

También se habla de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que se sustituiría “por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama. Paralelamente, se creará una Dirección de la Magistratura que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces”.

Estas y otras medidas puntuales e inmediatas, son la carta bajo la manga del Ejecutivo colombiano para rescatar la credibilidad en el sistema de Justica del país. Habrá que esperar los resultados en la población, pues de esto dependerá, en gran medida, la carrera electoral regional de este 2015.

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Lorena Arraiz Rodríguez administrator

Consultora en Estrategias de Comunicación Política y Empresarial en Iberoamérica.

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